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Comisión aprobó en general reforma al Código de Aguas

8/5/2017


La Comisión de de Recursos Hídricos, desertificación y Sequía del Senado aprobó en general el proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas. Proyecto que habría sufrido indicaciones del ejecutivo tendientes a reforzar el derecho de propiedad de las aguas en lugar de entregar “concesiones” que entregaría el Estado,  según el proyecto original.

 

 

 

El proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite legislativo y fue votado, en general, por 3 votos a favor: por la senadora Adriana Muñoz, el senador Carlos Montes (en reemplazo de Senadora Isabel Allende) y Jorge Pizarro. Los votos en contra fueron del senador Víctor Pérez y Francisco Chahuán, quien se abstuvo, en una sesión desarrollada el 2 de mayo.

 

De esta forma, el proyecto continuará su discusión en el seno de la comisión el 9 de mayo, donde se verán los detalles de la medida, con un análisis minucioso de la moción que cuenta con urgencia simple.

 

Las modificaciones del ejecutivo

 

El proyecto que discutirán los senadores es el que contiene las 27 indicaciones del ejecutivo a la reforma al Código de Aguas. 

 

Algunas de ellas vuelven a dejar a firme el hablar de “derechos de aprovechamiento” y no de “concesiones” y mantener derechos anteriores a la nueva norma a perpetuidad, lo que relativiza la idea original del proyecto que pretendía limitar la especulación con el agua y devolver al Estado la potestad de entregar o no -con base en definiciones de organismos técnicos- eventuales derechos de agua y priorizar una mirada pública del uso y consumo del agua.

 

El proyecto de ley fue originado el 2014 por una indicación sustitutiva a un proyecto de ley en curso del 2011, y contemplaba los siguientes puntos: pasar de entregar derechos de aprovechamiento a concesiones limitadas, establecimiento de una caducidad por no uso de derecho de aguas y la limitación del derecho en función del interés público.

 

Además, estipulaba el reconocimiento explícito del derecho humano de acceso al agua, priorizando  el consumo humano y obras de aseguramiento de obras que permitan reservar aguas y fortalecimiento de normas en materia de caudal ecológico.

 

Con las indicaciones, el ejecutivo retrocede en algunas ideas originales del proyecto, y recula en medio de las acusaciones de “inconstitucionalidad” del proyecto al vulnerar, en supuesto, el derecho de propiedad, por parte de organismos gremiales como la Sociedad Nacional de Agricultura(SNA).


Las  polémicas indicaciones del Ejecutivo

 

    •    Despejar cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo (no tendrán una duración temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6)
    •    Cambio en el término “concesión” por “derechos de aprovechamiento”
    •    Se establecen un reglamento que extinga el derecho de agua por no uso y no inscripción.
    •    Se sube el plazo de derechos de aguas no consuntivos(no consume agua) a 5 años y los consuntivos a 10 años.
    •    Eliminación de la “revisión” de los nuevos derechos de aprovechamiento (por grave afectación del acuífero o de la fuente superficial) y de su obligatoriedad para los no consuntivos de más de 10 m3/seg.
    •    Aguas del minero. Se elimina inciso que propone que además del reconocimiento por el sólo mérito de la ley, se requiera una autorización del Servicio (carga de funciones y horas de trabajo). Se mantiene la obligación de informar esas extracciones, las condiciones para poder ejercer el derecho y las facultades de la DGA si afectasen la sustentabilidad de la fuente natural

 

El rechazo de gremios

 

Tanto desde la Sociedad Nacional de Agricultura  -que se refirió al proyecto “como expropiación encubierta” (SNA)- como desde la Sociedad Nacional Minería (Sonami); se planteó un rechazo a la normativa original que pretendía caducar concesiones de aguas cuyos propósitos no fuesen claramente definidos y proyectados. Esto, en atención al mensaje original del proyecto que pretendía asegurar el recurso vital para la vida humana.

 

Por parte de la SNA la crítica principal fue la vulneración al derecho de propiedad del agua y a su vez,  Sonami, objeta la potestad de organismos de Estado para caducar derechos de agua y la fiscalización de las denominadas “aguas del minero”.

 

El consejo Minero, se manifestó a favor del proyecto en general, pero rechazó la regulatoria para las “aguas del minero”.

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