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Vicepresidente de Cochilco, Sergio Hernández afirmó que la falta de fiscalizadores y las dificultades técnicas le impiden fiscalizar a Codelco

5/6/2017

 

“Niego categóricamente que Cochilco no haya fiscalizado a Codelco”, así lo señaló el vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre, Sergio Hernández, en su presentación sobre las acciones que ha realizado la entidad que dirige para fiscalizar a Codelco, la autoridad apuntó a la falta de fiscalizadores y a las dificultades técnicas que existen para vigilar la marcha de la Corporación.

 

 

“El Contralor hizo estas auditorías en base a las nuestras, ¿como puede algún senador por ahí afirmar que Cochilco no fiscaliza? cuando fiscalizamos mucho más que otras entidades del Estado y hemos fortalecido el rol fiscalizador como nunca se había hecho en la historia”

 

Asimismo descartó que el organismo que vigila a Codelco haya demorado la entrega de antecedentes, tanto en materia de la indemnización a Augusto González como en el caso de la información sobre los contratos con empresas de servicios relacionadas a altos ejecutivos.

 

“En el caso del señor González respondimos a 51 días de hecha la auditoría, el contralor pidió más antecedentes luego de 114 días después de que le entregamos el informe, se los entregamos en el plazo que el pidió: 20 días hábiles. Después de 315 días después que le entregamos el informe completo el contralor emite su dictamen”, detalló Hernández

Expresó que han hecho lo que su normativa les permite, de acuerdo a los recursos que tienen para trabajar y ahondó que dada la complejidad técnica la entidad es la única capacitada para ejercer una fiscalización adecuada.

 

Sin embargo, en algunos pasajes de su presentación a los parlamentarios, evidenció que hay 457 subprocesos para analizar en Codelco lo que debe llevar adelante con 13 fiscalizadores, ante lo cual detalló que si se pretendiera fiscalizar el 20% de los procesos de la Corporación “habría que hacerlo cada 6 años”.

 

La capacidad de fiscalización de Cochilco habría quedado en entredicho luego de que trascendiera la existencia de una auditoría, denominado informe 900, que quedó en manos de los parlamentarios de la Comisión de Minería y de la Presidenta de la República y que apunta a irregularidades en contratos de empresas de servicios a Codelco por un monto de US$783 millones, algo que no habría  anunciado Cochilco en su oportunidad.

El vicepresidente de la Corporación Chilena del Cobre, detalló que por causa de la ley que los mandata, no están autorizados a exponer públicamente sus auditorías, algo que sí puede hacer la Contraloría General de la República.

 

“Estamos pidiendo tener más facultades para que la gente conozca lo que hacemos’”, expresó Sergio Hernández a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía.

La ley señala que Cochilco es la única entidad capacitada para fiscalizar a Codelco. Sin embargo, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez en su presentación a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados el pasado 31 de mayo, expresó que el ente contralor si puede evacuar dictámenes en alusión a tres ejes fundamentales: Eficiencia, Eficacia y Probidad

 

Respecto de las facultades de Cochilco, el presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, Ricardo Calderón, expresó que: “Se requiere una institucionalidad más fuerte, moderna, autónoma y con recursos suficientes para fiscalizar, ya que el vicepresidente de Cochilco ha señalado que no tienen los recursos necesarios para hacer todas las fiscalizaciones que se requieren”.

 

Calderón Galaz señaló “Cochilco posee la capacidad y conocimiento técnico en materia de minería, de evaluación de proyectos, inversiones y todo lo que se requiere para potenciar a Chile como país minero, por ello se requiere una institucionalidad profesional y especializada, independiente de los gobiernos de turno y eso debiera ser la base para que exista un Cochilco 2.0”.

 

El presidente de FESUC agregó “En ningún caso eliminar Cochilco resuelve el problema, porque las funciones que realiza debieran distribuirse en otros órganos públicos y esto podría debilitar la especialización que se requiere para tratar los recursos mineros.

 

La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados resolvió continuar revisando los antecedentes de las fiscalizaciones a Cochilco el miércoles 7 de junio, información que la comisión determinó como reservada a petición del órgano contralor de Codelco.

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