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Codelco demanda nulidad de derecho público contra informe presentado por Contraloría

7/8/2017

La Corporación lo informó a través de un comunicado, tal y como lo había anunciado el pasado 1 de junio, luego de que la Contraloría emitiera un informe con fecha 2 de mayo por el pago indemnizatorio por $511 millones al ex director y supervisor de Codelco, Augusto González, y otro relativo a las contrataciones de empresas entre partes relacionadas.

 

 

 

La disputa entre Codelco y Contraloría escaló a Tribunales tras decisión de la corporación de interponer una demanda de nulidad de derecho público contra la Contraloría General de la República, por el informe emitido el 2 de mayo. En este se cuestionó el pago de indemnizaciones en la desvinculación laboral del ex director Augusto González, y otro por una serie de contrataciones con empresas privadas.

 

La decisión fue publicada a través de un comunicado en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y señala que “esta medida se enmarca dentro de las acciones que el Directorio de la Corporación ha decidido realizar con el fin de obtener una resolución al diferendo jurídico que a la fecha mantiene Codelco con la Contraloría General de la República, relativo a su marco normativo aplicable”.

 

En esta misma línea, el documento agrega que “la presentación informada ha sido realizada por la administración en el absoluto convencimiento de que su marco normativo es el que se ha ejecutado hasta la fecha y que, hasta antes del informe de Auditoría objetado, había sido indiscutidamente reconocido por el Órgano Contralor desde la entrada en vigencia de la ley de Gobierno Corporativo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile el año 2009 (Ley 20.392)”.

 

La demanda  se encuentra ahora en manos de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago, en contra del informe de auditoría N° 900 de 2016 emitido por la Contraloría, cumpliendo así con la postura que ha tenido Codelco de defender su posición respecto a que su único ente fiscalizador debe ser Cochilco.

 

Por lo mismo, reiteraron su compromiso “por seguir realizando todas las acciones, administrativas y judiciales, al interior y exterior de la Corporación, para resolver este diferendo” y que su actuar seguirá enmarcado en la normativa legal que le rige, “con pleno respeto y resguardo de los principios de eficiencia, eficacia y probidad que rigen a esta administración”.

 

Codelco tiene un estatuto jurídico similar al de las empresas privadas, que se rigen por las reglas de las sociedades anónimas abiertas, que posee un gobierno corporativo y donde sus operaciones van por esa misma línea y no por la ley de compras públicas. Por esto mismo, la corporación estaba dispuesta a informar en línea sus compras para que fueran escaneadas. Sin embargo, la Contraloría se opuso a esto manifestando que Codelco debe regirse por el sistema de compras públicas pues opera con recursos fiscales. Esta disputa llevó a que las relaciones terminaran en un punto de no retorno y que, según el abogado emblemático de la administración, Pedro Pablo Gutiérrez, “esta sería una batalla de largo aliento que incluso podría llegar a los tres años de duración”.

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