Día del Minero: ¿Cuántos menos en esta celebración?

8/8/2017

Como una forma de retribución a la importante labor de los mineros chilenos, por ser partícipes del proceso de desarrollo del país desde las minas del salitre, hasta el actual boom del cobre, se declaró en 2009 el día Nacional del Minero cada 10 de agosto. 

 

 

 

A través de la Ley Nº 20.363, promulgada el 6 de julio del 2009, el Gobierno de Chile instituyó el 10 de agosto de cada año como el Día del Minero. Sin embargo, el origen de esa fecha viene de una tradición española, que se celebra en el país desde la fundación de la ciudad de Tarapacá. 

 

La festividad se funda en San Lorenzo, un sacerdote español que vivió en Roma, durante el siglo III D.C, quien administraba los bienes de la iglesia católica. La historia señala que el emperador de esa época, Valeriano, ordenó la ejecución del Papa Sixto II y la entrega de todos los tesoros y recursos de la iglesia. Ante esto, San Lorenzo enterró los tesoros y reunió a los enfermos, ancianos y pobres de la localidad y se los presentó a Valeriano como las verdaderas riquezas de la iglesia. El emperador, al verse burlado, ordenó su muerte en una parrilla con fuego un 10 de agosto. Es por ello, que este hombre se volvió en el patrón de los mineros y se celebran festividades religiosas en torno a él en Latinoamérica y algunas ciudades de Europa. 

 

En Chile, este año se declaró el 10 de agosto como día  feriado en la Región de Atacama, por tratarse de territorio minero por excelencia. Además, ese mismo día se  desarrollan numerosas actividades en las demás regiones mineras del país, lideradas por la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, y otras entidades y empresas del rubro. 

 

Durante este año, la minería ha estado marcada por hitos en distintos aspectos. En términos económicos, uno de ellos se refiere a las innumerables variaciones en el precio del cobre, que hoy por ejemplo, vive una de sus mayores alzas, cerrando con 285,76 dólares por libra, según datos de Cochilco. 

 

No obstante lo económico, uno de los aspectos más importantes en la minería es la seguridad. La cifra de 525 mineros fallecidos en su lugar de trabajo desde el año 2000 al 2016, difundido medianamente por los medios de comunicación, y los negativos hitos del 2017 con el accidente laboral que cobró la vida del supervisor Mario Rivera Prokuriza de División Salvador de Codelco, y el derrumbe en Cerro Bayo, que dejó a dos trabajadores desaparecidos -sin tener hasta hoy sus cuerpos- además de las otras muertes que rondan el sector, han implicado para las organizaciones de trabajadores la necesidad de repensar la seguridad, aumentando las medidas de prevención e impulsando cambios en la legislación actual. 

 

Uno de esos cambios en la legislación ha sido exigido por la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, hace años, en conjunto con organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, y consiste en ratificar el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Seguridad y Salud en Minas. Actualmente muchas más organizaciones se han sumado a la petición, como por ejemplo, la Federación de Supervisores de la Minería Privada, FESUMIN, y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, CTMIN, que agrupa a estas mismas organizaciones y a la Federación Minera de Chile, FMCH. 

 

El Convenio contiene disposiciones relativas a la vigilancia de seguridad y salud en las minas, la inspección de las minas por personal calificado, y los procedimientos para la investigación de accidentes laborales o fatales. De ser ratificado, el Estado de Chile se compromete a garantizar el establecimiento de los procedimientos eficaces que garanticen el ejercicio de los derechos de los trabajadores. 

 

De este modo, es el empleador el responsable de eliminar los riesgos y controlarlos en su fuente de origen, reducir los riesgos al mínimo a través de medidas que incluyan la elaboración de métodos de trabajo seguros y mientras perdure una situación de riesgo, prever la utilización de equipos de protección personal. 

 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos y peticiones de las organizaciones sindicales, e incluso desde el mismo parlamento, por peticiones expresas al ejecutivo para  ratificar el convenio, el Gobierno no se ha pronunciado. 


 

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