Contraloría: Irregularidades en Codelco apuntarían a contratos con familiares

17/8/2017

El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez S. remarcó que  “si hay contratos a familiares en Codelco, hay que informar a la Contraloría y a la Cámara de Diputados” dichos que emitió como parte de su presentación ante la Comisión investigadora de uso de Recursos de Codelco el 9 de agosto.

 

 

 

Es lo que señaló, luego de encontrar coincidencias entre los informes del órgano contralor, tanto en el 2005 como en el 2016, que apuntarían a contratos con familiares.

 

En esa línea, según el contralor, Codelco había acusado a la Contraloría de tener un cambio de criterio en la fiscalización.

 

No obstante, el Contralor rechazó esta versión y aclaró que “en el informe de 2005 se da cuenta que las observaciones son prácticamente calcadas, cambian nombres y montos, pero las observaciones son las mismas”.

 

Al respecto, el diputado Juan Luis Castro detalló que el Contralor ha reafirmado “las denuncias de prácticas irregulares que se centran en un punto: que es el contrato en Codelco a familiares eso es el meollo del asunto que está en juego”.

 

Castro, explicó “que los antecedentes entregados por el contralor a la comisión ahondan en antecedentes que ya se conocieron en informes anteriores que no podemos revelar”.

 

Los antecedentes a los que se refiere la investigación de la Contraloría son reservados, pero sin embargo, el contralor en la Comisión detalló que se trataría de casos en los que se habría interpretado la regla de parentesco, alusivo a la extensión de contratos con empresas y no se habría informado adecuadamente a la Contraloría y a la Cámara de Diputados, como observa la norma N° 19.886 de Compras Públicas.

 

“La regulación dice que está prohibido contratar con parientes hasta el segundo grado de afinidad y tercer grado de consanguinidad; es decir, el suegro con el yerno o el tío con el sobrino (…) Estamos hablando de una norma mínima de probidad, trasparencia y que obliga a abstenerse de contratar con familiares, manifestó Bermúdez.

 

A pesar de tratarse de antecedentes reservados, en el sitio del poder judicial se publicó el denominado informe 900 de la Contraloría, ya que al ser parte del recurso de nulidad que invocó la defensa de Codelco, el documento se incluyó en el libelo, debiendo ser publicado.

 

Esto provocó el airado rechazo del contralor, quién ironizó sobre el actuar de la querellante Codelco “Es de la mayor gravedad que se haya publicado este informe; con este actuar parece ser que no es tan relevante la información económica de la empresa …”.

 

El hecho fue calificado de “gravisimo” por parte de la diputada Paulina Núñez U., y expresó que con esto “se pasa a llevar el interés público”, dado que los informes de contraloría contienen información económica sensible de la empresa y que puede comprometer su funcionamiento.

 

Sobre ello, Núñez ahondó en que dispondrán los antecedentes ante el fiscal Gajardo “para ir al responsable de que se publique esa información”.

 

En tanto, el Contralor recordó que existe una sanción para quienes violan la reserva de esta clase de documentos.

 

En particular la norma señala en su artículo 246 que el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente.

 

Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales.

 

Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán, según corresponda, al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. 

 

Es importante recordar que Codelco presentó un recurso de nulidad ante la justicia, para revertir lo sancionado por la Contraloría que le señala la necesidad de aplicar políticas de la ley de compras públicas, regular y terminar con los contratos a familiares y otras materias que reafirman el carácter público de la empresa, aun cuando se administra con un modelo similar a las sociedades anónimas.

 

Al momento, no existe posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes ya que el Contralor ha exigido que Codelco aplique el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas y la Ley de Bases Generales de Administración del Estado.

 

Terrenos de División Teniente para producir maíz 


Como parte de los hechos investigados por la Contraloría, el diputado Juan Luis Castro denunció posibles irregularidades en el uso de terrenos de propiedad de Codelco, en la localidad de Machalí.

 

La denuncia de Castro sobre el terreno en Machalí —comprado por 1 millón 200 mil dólares— no es solo fruto de la investigación actual de la Contraloría, si no que forma parte de denuncias realizadas hace dos años por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.

 

Castro profundizó en que el entonces gerente de la División el Teniente (2012), Alvaro Aliaga Jobet “constituye un terreno de la empresa donde no se hace el giro principal, si no que se siembra maíz”.

 

“Ese terreno que nunca usó Codelco, se arrendó a un privado que se dedica a la producción de maíz”, profirió Castro. “Es un caso que hasta el día de hoy Codelco no ha aclarado”, refrendó el parlamentario.
 

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