INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE CODELCO RATIFICA FACULTADES FISCALIZADORAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

 

Un importante respaldo a sus atribuciones sobre Codelco fue el que la Contraloría General recibió ayer por parte de la Cámara de Diputados, tras la aprobación por 86 votos a favor y sin votos en contra del informe de la “Comisión especial investigadora sobre la utilización de recursos públicos por parte de Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos diecisiete años, y la política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores”, en sesión efectuada el martes 6 de marzo.

 

En sus conclusiones, el informe de la comisión estableció, que de acuerdo a la normativa vigente, Codelco es una empresa estatal y forma parte de la Administración del Estado y, por tanto, debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y probidad. Además, sostiene que está sometida al control de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la Contraloría General de la República (de manera indirecta y directa en casos excepcionales) y demás organismos que por ley ejercen esta función en las distintas empresas del Estado.

 

Planteó que si bien Codelco se rige por su Ley de Gobierno Corporativo y aquella que regula las sociedades anónimas, debe velar por el interés público y no por el privado. Igualmente, en sus contrataciones tiene que tener a la vista las obligaciones impuestas por la ley de compras públicas y evitar los conflictos de intereses.

 

Concluyó, además,  que “la interpretación dada por Codelco a su marco normativo restringe las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Contraloría General de la República, en circunstancia que ellas se encuentran reconocidas expresamente en la Constitución Política y en la ley”.

 

Asimismo, postuló que “la propuesta privada y la asignación directa de contratos, por parte de Codelco, sólo pueden aplicarse de manera muy excepcional, cuando existan motivos urgentes o necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría; y con mayor precisión cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo, que involucran elevados o muy elevados montos, la Comisión estima que no hay causa legal ni de conveniencia para eludir la licitación pública, ni siquiera de manera excepcional”.

 

En relación con las indemnizaciones realizadas por la cuprífera y las objeciones de la Contraloría sobre el tema, planteadas en el dictamen N°36.602, del 13 de octubre de 2017, indicó que “la Comisión estima de la mayor importancia destacar que el hecho de ser una empresa pública no puede, en ningún caso, inhibir a Codelco de dar cumplimiento a la normativa laboral contenida en el Código del Trabajo y a los pactos que con sus trabajadores celebre” y añade que “Lo anterior no significa que, en su calidad de gestor y custodio de recursos públicos, no deba observar los principios de eficacia, eficiencia y probidad”.

 

El documento finaliza llamando a Codelco a “tomar las medidas para que los planes de egreso se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia y probidad.”

 

 

 

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