Codelco fue condenado a pagar millonaria indemnización por muerte de trabajador

4/6/2019

 

Esta semana la Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma y ordenó a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) pagar una indemnización total de $483.649.001 a familiares del trabajador Nelson Barría Figueroa (Q.E.P.D.), perteneciente al Grupo 2 de Operaciones Mina, quien falleció en un accidente laboral a raíz de un desplazamiento de material producido en la Fase 17 de la Mina RT, en marzo de 2013.

 

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y confirmó el fallo de primera instancia que había acogió la demanda.

 

En el documento se explicó que en el fallo de segunda instancia fueron descartadas las declaraciones de testigos y otros análisis, argumentando que “no constituiría prueba en materia procesal civil, y tampoco en materia procesal penal por no tratarse de prueba rendida en el juicio respectivo”.

 

“…sin reparar en el contenido de la carpeta investigativa, en el cual ciertamente se encontraban instrumentos públicos, oficiales y privados que, no obstante, mereció la observación de los jueces de que pudiera tratarse de documentos de esa clase y la afirmación de que solo podrían constituir documentos privados emanados de terceros a los efectos de este juicio, no se examinaron en su mérito en lo absoluto”, continuaron en el documento.

 

Asimismo, en el escrito se añadió que “lo anterior tiene importancia, ya que entre las pruebas nominadas tanto en el Código Civil cuanto en el Código Procedimiento Civil, las presunciones constituyen una prueba, que en determinadas circunstancias previstas por la ley, pueden producir el convencimiento judicial. En efecto, las presunciones judiciales para hacer prueba deben ser graves, precisas y concordantes (artículo 1712 del Código Civil), pudiendo una sola presunción llegar a constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal, tenga carácteres de gravedad y precisión suficientes para formar su consentimiento”.

 

“Era obvio, entonces, que si la prueba aportada dentro de la carpeta investigativa correspondiente a la investigación penal, podría constituir prueba documental valorable en tanto privados y emanados de terceros conforme lo afirmado por los propios sentenciadores de segunda instancia, debió analizarse a fin de cerciorarse de su valor probatorio, fuere como tales, o fuere como presunciones judiciales…”, sostienen.

 

El fallo de primera instancia, dictado por 18° Juzgado Civil de Santiago, ordenó pagar por concepto de daño moral la cantidad de $80.000.000 a la cónyuge de la víctima; $60.000.000 para cada uno de los dos hijos menores de edad; $40.000.000 para cada uno de los padres, y $15.000.000 para cada uno de los hermanos demandantes.

 

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