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Error de cálculo en licitaciones de Salvador podría costar 90 mil millones de pesos

29/8/2019

 

 

Ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, serán presentados los antecedentes y conclusiones de la comisión que investigó irregularidades en procesos de licitación ocurridos en la división El Salvador, de Codelco, donde se licitaron procesos de movimiento de material mina por 104 millones de toneladas, donde solo era necesario mover 20 millones de toneladas, lo que en Codelco justificaron como un error de cálculo cuyo perjuicio fiscal podría ascender a más de 130 millones de dólares.

 

La comisión investigadora de las presuntas irregularidades en procesos de licitación en la División El Salvador de Codelco, estableció responsabilidades administrativas y políticas por la pérdida aproximada de 90 mil millones de pesos, por fallas de cálculo en la licitación del movimiento de 104 millones de toneladas de material mina y que según los trabajadores de la Cuprífera y parlamentarios que formaron parte de la instancia investigadora, es un despilfarro millonario de recursos.

 

La presidenta de la comisión investigadora, Daniela Cicardini, subrayó que la instancia determinó irregularidades en los procesos de licitación, hay responsabilidades políticas y administrativas por parte del presidente de Codelco, Nelson Pizarro y también de Cochilco que ha fallado en su rol fiscalizador.

 

Desde el SIndicato de Supervisores de El Salvador, hace meses vienen declarando que el problema se origina debido a que el Plan Minero, sobrestimado, se usó de base para licitar y adjudicar dos contratos millonarios para el movimiento de materiales: mineral, lastre y ripios. En concreto, mientras las bases de licitación establecieron mover más de 100 millones de toneladas, se moverán alrededor de 40 en la realidad. El resultado del proceso adjudicó los contratos al CONSORCIO TREPSA CERRO ALTO S. A. (Rut: 76556170-1; contrato N°4600016278) por un monto estimado de 230 millones de dólares, y a la empresa VECHIOLA, (Rut: 87049000-3, contrato N°4600016279) por un monto estimado de 30 millones de dólares; generando ambos contratos una proyección para los 36 meses de duración de los servicios de 7,2 millones de dólares mensuales, versus los 3,5 promedio que se gastaron durante el ejercicio 2017.

Para la organización sindical, el error en la estimación del tonelaje del Plan Minero fue intencional. Lejos de ser antojadiza, esta teoría se sustenta con las denuncias que hace más de un año informaron al Vicepresidente de Operaciones Norte, en una reunión realizada el día 23 de agosto de 2017 en El Salvador, que según señalan tuvo por objetivo blindar y apoyar a un ex gerente, responsable de generar el cuestionado Plan. En la oportunidad, y con la presencia de altos ejecutivos, entre ellos Nelson Pizarro, Rodrigo González, presidente del sindicato, hizo un llamado desesperado a Aliaga, pidiendo por favor la revisión del Plan Minero, y asegurando que había algo raro en su determinación. “…No sabemos quién lo hizo… entonces jefe, por favor pida la firma de los supervisores, y si tenemos que asumir la cuenta con los supervisores socios del sindicato, vamos a asumirla, pida la firma de los supervisores que hicieron el plan, de los gerentes que están metidos en ese tema, porque yo le aseguro que ahí hay algo raro”, fueron las palabras de González.

 

“El costo que debemos pagar hoy es mucho mayor a lo señalado (3 millones de dólares mensuales), ya que la producción de cobre fino que se comprometió con el plan minero se perdió, entonces simplemente hipotecamos nuestro futuro. Si antes pagamos X para producir Y, hoy pagaremos el doble de X para producir probablemente la mitad de Y”, expresó a los medios el presidente del sindicato.

 

Los antecedentes y conclusiones recabados por la comisión investigadora serán puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ya que en opinión de quienes integraron la instancia investigadora de la Cámara, dado el perjuicio fiscal en este despilfarro de recursos, no se descartan eventuales conflictos de interés, que podrían tener el carácter de delitos.

 

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